El Govern de Catalunya y el Gremi de la Pagesia Catalana han alcanzado un acuerdo que ha permitido la desconvocatoria de las protestas previstas por los agricultores, quienes exigían soluciones urgentes a la crisis del sector.
Recordemos que el año pasado, los agricultores organizaron una serie de movilizaciones para reivindicar temas como la excesiva burocracia, la competencia desleal o las presiones de los grandes grupos de inversión, pero transcurrido este tiempo las mejoras parece que no han llegado.
Ante la convocatoria de nuevas protestas, el Govern de Catalunya firmó un pacto el pasado domingo, 9 de febrero, en Cervera (Lleida) con 19 medidas que buscan reducir la burocracia, mejorar el acceso a recursos y garantizar la sostenibilidad de la actividad agraria en Cataluña.
Cuáles son los principales puntos del acuerdo
Entre las medidas acordadas, destaca que, para simplificar los trámites administrativos, se aprobará un paquete inicial de medidas que agilicen los procedimientos en el sector agrario, incluyendo la eliminación de la tasa del certificado sanitario para el movimiento de ganado en situación de enfermedad y la reducción de requisitos en la gestión de fertilizantes.
Se ofrecerá apoyo fiscal con una bonificación del 95% en el impuesto de sucesiones, transmisiones y actos jurídicos documentados (AJD) para agricultores profesionales, equiparándolos con las explotaciones agrarias prioritarias.
En cuanto al control de fauna cinegética, se implantará un plan de choque en febrero y marzo para controlar la sobrepoblación de conejos en zonas de emergencia cinegética, así como nuevas indemnizaciones por daños provocados por fauna salvaje.
Para agilizar ayudas y subvenciones, se publicará un calendario de pagos en marzo para mejorar la previsibilidad de las ayudas y garantizar que las compensaciones por adversidades climáticas sean más efectivas.
En relación al impacto de la sequía, el acceso al agua y los regadíos, se acelerarán los procesos para llevar agua al pantano de Riudecanyes en 2026 y se buscarán soluciones consensuadas en el Fluvià/Muga.
También se reducirá el impuesto de hidrocarburos para los colectivos más afectados, especialmente el sector primario. La Generalitat se ha comprometido a reducir su parte del impuesto.
Habrá mayor protección para el sector apícola con el desarrollo de un plan de apoyo a la producción y comercialización de miel, incluyendo la creación de una marca propia.
Se revisará el impacto del acuerdo UE-Mercosur con un estudio de impacto económico y un debate parlamentario sobre sus implicaciones en la agricultura catalana.
Se garantizará una mayor seguridad en el campo con la organización de una jornada de trabajo, en marzo, para abordar los robos en el sector agrario y mejorar la coordinación con las fuerzas de seguridad.
Y por último, se creará una Comisión de seguimiento por la que se establecerá una mesa de trabajo que se reunirá cada 15 días durante el plan de choque y cada seis semanas posteriormente, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.
Cuáles han sido las primeras reacciones
Tanto el Govern de Catalunya como el Gremi de la Pagesia Catalana se muestran satisfechos ante este acuerdo. Para Óscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el pacto es “el mejor acuerdo posible dadas las circunstancias actuales” y ha insistido en el compromiso del Govern en apoyar al sector primario.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebró el consenso alcanzado, afirmando que con este acuerdo “ganamos todos” y asegurando que su gobierno seguirá trabajando para mejorar las condiciones de los agricultores.
Desde el Gremi de la Pagesia Catalana, su portavoz, Eduard Escolà, ha valorado positivamente el acuerdo, indicando que recoge puntos fundamentales para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias en Cataluña. No obstante, afirma que los agricultores estarán atentos a la implementación de las medidas y solicitan que los cambios prometidos se apliquen con rapidez.
Las voces que discrepan
Sin embargo, no todas las voces son tan positivas. La portavoz de la Comisión Permanente Nacional de la Unió de Pagesos, Raquel Serrat, cuestionaba algunos puntos. Uno de ellos el del impuesto de hidrocarburos suprimido desde enero de 2019. “Es un impuesto que está derogado. Actualmente no se paga ningún tipo de tramo autonómico del impuesto. Han pactado quitar algo que no está desde hace cinco años”.
Otro de los aspectos discutibles es el que apunta que la Conselleria de Agricultura asumirá el coste de la vacuna contra la Lengua Azul – S3 en ovino y caprino vacuno de leche y vaca lactante. “Al ser vacunación obligatoria, el DARPA tiene que asumir el coste”, por lo que es una iniciativa que “ya se hace”.
Raquel asegura que muchas de las medidas del acuerdo, no solo ya están pactadas por Unió de Pagesos sino que están en vías de desarrollo como el control de plaga de conejos de bosque. “El hecho de que el DARPA pueda llevar a cabo medidas de choque es gracias a lo que prevé el Decreto Ley 5/2024 que regula el control poblacional asumido por la Unió de Pagesos de Catalunya y que tanto el Gobierno anterior como el actual tienen pendiente de desarrollar en todo su potencial. La ayuda a los protectores no es ninguna novedad, esto ya lo habíamos acordado nosotros”.
Tampoco ven clara la reducción de la burocracia ya que muchas de las leyes vienen impuestas por “normativa europea” por lo no son competencia del Govern de Catalunya.
Serrat también indica que el punto sobre regadíos y acceso al agua o el avance del calendario de las obras de regadío “ya estaba comprometido” al igual que el Plan Especial de Sequía. “Lo conseguimos la Unió de Pagesos de Catalunya en el debate monográfico sobre la pagesia en el Pleno del Parlamento de Catalunya en marzo de 2024 y, a propuesta nuestra, fue reafirmado el pasado octubre en el debate de política general, ya que la legislatura anterior había decaído”.
Lo que sí apuntan como novedad son el hecho de que la Agència Catalana de la Natura pase de 3 a 5 representantes en el Consejo de Dirección o que se informe con antelación de las campañas de inspección aunque tiene sus dudas. “Veremos cómo informan a los campesinos que están en la brecha digital y no tienen acceso a las notificaciones electrónicas”.
Otra de las voces discordantes son las de Ecologistas en Acción Catalunya y la entidad federada ADDA. Si bien celebraban la creación de medidas para fortalecer la pagesia, la reducción de burocracia innecesaria o la compensación de pérdidas, afirmaban no estar de acuerdo con algunos de los puntos del pacto por considerarlos “muy graves, especialmente por su afectación a la naturaleza”.
En concreto, criticaban que la proliferación del conejo, en la llanura de Lleida, había sido causada por la caza excesiva de sus depredadores naturales, como el zorro, práctica que todavía está permitida en la mayoría del país. “Recordemos que la naturaleza no es estanca, y las poblaciones de animales se desplazan, y las actuaciones en un lugar tienen consecuencias en otros”, explicaban.
Por otro lado, lamentaban que todavía se siguiera hablando del uso de venenos como el fosfuro de aluminio. “Es una sustancia que solo está autorizada excepcionalmente cuando algún animal pone en peligro las infraestructuras, tales como taludes de líneas ferroviarias o autopistas, pero nunca en agricultura”. Otro aspecto con el que no estaban de acuerdo era con no reintroducir el lince “un depredador natural de los conejos”.
Por último, señalaban la falta de gestión ambiental efectiva y la ausencia de medidas concretas contra el acuerdo de libre comercio, como el de Mercosur “que ponen en riesgo la soberanía alimentaria y los ecosistemas”.
Finalmente, EFE publicaba hace unas horas la disconformidad de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) con el acuerdo, asegurando que las medidas pactadas eran insuficientes, poco concretas e inefectivas. Además destacaban la ausencia de un presupuesto claro y anunciaba futuras acciones en defensa del sector agrario.
El futuro del sector agrario en Cataluña
Las próximas semanas serán clave para evaluar el impacto real de este acuerdo y la rapidez con la que se implementan los compromisos adquiridos. Mientras tanto, el sector agrario asegura que seguirá luchando por proteger y fortalecer la agricultura y la ganadería en la región. De hecho, si bien en Cataluña las movilizaciones se han paralizado, se mantienen en otras zonas del país.
