La Comisión Europea ha vuelto a advertir a España de las consecuencias de que salga adelante la proposición de ley presentada en el Parlamento andaluz para ampliar los regadíos de la corona norte de Doñana, ya que vulneraría lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a este espacio natural.
Si a finales de enero de 2022 la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, remitía a Marcos Alonso, embajador-representante Permanente de España ante la UE, una misiva mostrando su preocupación por la iniciativa que, en el mismo sentido presentaron PP, Cs y Vox --la cual decayó por la celebración las elecciones autonómicas--, ahora, vuelve a hacer lo propio y ha dejado claro que de aprobarse se adoptarán todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el TJUE en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias.
Los argumentos de rechazo y preocupación de Europa se repiten en una y otra misiva, y se basan, principalmente, en que su ejecución supondría incumplir la sentencia del TJUE de 24 de junio de 2021 que reconocía el "descenso dramático" del nivel piezométrico del acuífero de Doñana por la sobreexplotación e imponía a España la adopción de una serie de medidas para revertir la situación, siendo especialmente importantes las encaminadas a acelerar las acciones de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno de Doñana.
Las reacciones a esta nueva misiva de Fink-Hooijer, que ha tenido lugar después de que WWF pusiera en su conocimiento la presentación de esa nueva proposición de ley, han sido numerosas, entre ellas, la de ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien, a través Twitter, ha señalado que la Comisión Europea "recuerda lo obvio, de sentido común y de obligado cumplimiento" respecto a los ciudadanos, los ecosistemas "y el respeto a las normas", ya que el Parque Nacional de Doñana "necesita protección". "Los responsables ambientales no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos", ha añadido.
Algo que, según el consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, no va a suceder, y ha considerado que con su postura el Gobierno central, que es el "principal interlocutor" con la Comisión Europea, "no contribuye" a que la interpretación europea sobre la regulación de los suelos de regadío en el entorno de Doñana sea la correcta.
"Si la Unión Europea ve que su interlocutor principal habla de que se va a esquilmar el acuífero, entiendo la preocupación que nos traslada", ha señalado, emplazando a Teresa Ribera, a "leer bien" la iniciativa y reclamándole que, tras la carta de Bruselas, se "retome" el diálogo con la Junta.
Formaciones políticas como el PSOE o Adelante Andalucía, también se han pronunciado tras la carta; la primera, a través de su secretario general en Andalucía, Juan Espadas, que ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "aparque" su proposición de ley sobre los regadíos en Doñana y se siente con el Consejo de Participación del parque natural para buscar una fórmula de consenso.
El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha denunciado este martes que el Gobierno de Moreno "no solo no protege" a Doñana "sino que la está poniendo en peligro" con esta propuesta y ha añadido que preguntará en el pleno de la Cámara de esta semana al Ejecutivo andaluz por la advertencia de la Comisión Europea.
En la misma línea de Espadas se sitúa WWF, organización que considera que Moreno debería de "poner fin" a la proposición de Ley "ahora que aún está a tiempo" y "pensar en un proyecto para Doñana que no pase por acabar con el parque", mientras que activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta en Doñana reclamando el cierre de pozos ilegales y mostrando su rechazo a una proposición de ley que es "un agravio comparativo hacia las explotaciones agrícolas que sí cumplen con la normativa y podría suponer un efecto llamada hacia la impunidad en el robo del agua".
