El pasado 21 de marzo se aprobó la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. El objetivo, según publicaba el BOE, es el de “mejorar la eficiencia del sistema alimentario, favorecer la bioeconomía circular y el aprovechamiento integral de los recursos y subproductos”.
Tras la aprobación, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó la normativa de “pionera” y recordó que el proyecto ya se había presentado la pasada legislatura, aunque su desarrollo no había sido posible dada la disolución de las Cortes con motivo de las elecciones generales de 2023.
El contexto actual: desperdicio alimentario
La ley aparece en un contexto en el que se desperdician entre el 25 % y el 30% del total de alimentos producidos, lo que representa, aproximadamente en España, una pérdida anual de 1,2 millones de kg/litros. Según los datos de la Unión Europea un 40% de este desperdicio se concentra en el consumidor, otro 40% en los procesos de transformación y fabricación; un 15% en la restauración y un 5% en la distribución.
En consecuencia, el desperdicio alimentario supone una ruptura de las cadenas de valor del sector primario, un freno para el desarrollo económico de muchas regiones, sobre todo rurales, y una inversión baldía. De hecho, los estudios de la FAO Mitigation of food wastage. Societal costs and benefits 2014 y Food wastage footprint. Full-cost accounting. Final report. 2014, registran que este desperdicio de recursos supone una disminución en términos económicos equivalente a 936 miles de millones dólares al año (más de 728 miles de millones de euros).
Pero el impacto de esta pérdida no solo es económica sino también ambiental, ética y social. Casi un 30% de la superficie agrícola del mundo se emplea anualmente para producir alimentos y varias miles de hectáreas se deforestan para producir alimentos que se tiran.
Es más, en el informe Emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema agroalimentario y huella de carbono de la alimentación en España* se afirma que, en conjunto, el desperdicio de alimento es responsable de la cuarta parte de las emisiones totales del sistema agroalimentario, lo que en términos absolutos representa alrededor de una tonelada de CO2e per cápita al año. Por otro lado, en el aspecto ético y social, hemos de subrayar que, mientras en esta parte del mundo, desperdiciamos toneladas de comida, en otras partes del globo, se sufren las consecuencias del hambre o la subalimentación.
Las claves de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario
Volviendo a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, repasamos algunos de los puntos esenciales y hablamos con algunos profesionales de distintos sectores para conocer su opinión:
¿A quién afecta?
El BOE recoge que la ley se aplicara a todos los agentes de la cadena alimentaria, incluyendo productores, transformadores, distribuidores, minoristas, empresas de hostelería y restauración, así como a otras entidades que realicen actividades relacionadas con la distribución de alimentos.
5 puntos claves de la ley
La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario consta de 24 artículos, estructurados en seis capítulos, cuyo objetivo es promover un uso más eficiente de los recursos y garantizar la seguridad alimentaria. Los puntos más importantes de la ley se centran en jerarquizar una serie de medidas que resumiremos en cinco.
- Priorizar la donación de alimentos seguros a entidades benéficas para que lleguen a personas en situación de vulnerabilidad.
- Usar excedentes en la elaboración de otros productos alimentarios, como mermeladas o conservas.
- Destinar los alimentos no aptos para el consumo humano a la alimentación de animales.
- Emplear los excedentes en procesos industriales, como la obtención de biocombustibles.
- Si todas las opciones anteriores no fueran posibles, los alimentos se destinarán a compostaje u otros usos adecuados.
Además, todos los agentes de la cadena alimentaria deben desarrollar planes específicos para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en sus respectivas actividades.
Medidas concretas en distintos sectores
En ámbitos como la hostelería y la restauración, los establecimientos deberán ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos, proporcionando envases reutilizables o fácilmente reciclables sin coste adicional. También promoverán la posibilidad de que el consumidor pueda elegir guarniciones o raciones de distinto tamaño. Además, fomentará la donación de alimentos con fines sociales y otros tipos de redistribución para el consumo humano, así como la entrega a instalaciones de compostaje de los restos alimentarios conforme a la normativa de residuos.
En el caso de comercios minoristas y supermercados, se promoverá la venta de productos con fechas de caducidad próximas o con defectos estéticos a precios reducidos. Además, los grandes establecimientos estarán obligados a donar los excedentes de alimentos a entidades benéficas.
En cuanto al resto de agentes, los productores deberán implementar prácticas agrícolas que minimicen las pérdidas en la producción y cosecha. Los transformadores, optimizarán los procesos de transformación para reducir desperdicios y aprovechar subproductos. Y el resto de entidades relacionadas con la distribución de alimentos, colaborarán en la redistribución de excedentes y fomentarán prácticas que reduzcan el desperdicio alimentario.
Sanciones si no se cumple la ley
El no cumplimiento de las obligaciones de cada sector derivará en multas que van desde los 1.000 hasta los 100.000 euros en función de si las infracciones son leves, graves o muy graves.
De manera general y a modo de ejemplo, una infracción leve podría ser impedir expresamente mediante estipulación contractual la donación de alimentos o no colaborar con las administraciones públicas para la cuantificación de los residuos alimentarios. En el caso de infracción grave sería la destrucción intencionada o la alteración de alimentos que reúnen condiciones adecuadas para su consumo. Y por último, se considerará muy grave la reiteración de una infracción grave. No obstante, cada sector cuenta con sus propias obligaciones y excepciones.
Hay que destacar que los importes definitivos de las multas han sido reducidos ya que las primeras cifras que se barajaban oscilaban entre los entre los 2.000 euros para infracciones leves, y los 500.000 euros para infracciones muy graves.
Las primeras reacciones
A pesar de que la ley ha sido acogida de manera positiva entre la mayoría de sectores, no todos los aspectos han sido recibidos con aplausos. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) a pesar del apoyo a esta iniciativa, lamentaba que el incumplimiento de la ley se castigara con sanciones.
El director general de la patronal, Ignacio García Magarzo, apuntaba en Efeagro: “No nos gusta el régimen sancionador porque es bastante duro y desenfoca el origen del problema”. Además señalaba que entre las medidas no había ninguna dirigida a los hogares donde, afirmaba, es el lugar “en el que más alimentos se tiran a la basura”.
Para Rafel Vilarroig, de Bacallà Tarrés, en el Mercat de la Llibertat, de Barcelona, la ley es necesaria. “Nosotros estamos muy concienciados con el tema del desperdicio alimentario, aunque, en nuestro caso, no generamos ninguna merma. El bacalao es como el cerdo, se aprovecha todo. La cola, la cabeza, las tripas, las vejigas natatorias, la piel... Y en ese sentido, estamos tranquilos. Por otra parte, es cierto que el hecho de que se promocionen los alimentos ‘menos estéticos’ es bueno porque son productos que podrán llegar a más población”.
Preguntamos si la gestión o el coste de la aplicación de ciertas medidas puede suponer un obstáculo. “Al contrario. Por ejemplo, en este mercado, como en la mayoría de los municipales de Barcelona, ya se practican alguna iniciativas. Aquí hay puestos de verdura o fruta que preparan lotes a precios especiales con lo que queda del día. Y aparte, los sábados viene una asociación de reciclaje de alimentos, que los recoge y los lleva a lugares de primera necesidad”.
Una de las entidades que también ha aplaudido esta nueva normativa es Aecoc, asociación de fabricantes y distribuidoras. En unas recientes declaraciones a Efeagro afirmaba que compartía el objetivo y el espíritu de la ley y que, en su caso, ya se trabajaba desde 2012 en esa dirección. No obstante, la directora de comunicación, Nuria Pedraza, añadía que la gestión del incremento de las donaciones y redistribución causadas por la aplicación de la ley sería uno de los desafíos más importantes. “No resultará sencillo encontrar entidades receptoras en todas las localidades”, puntualizaba.
Aplicación de la ley en la hostelería
En el caso de la hostelería, aunque la normativa ha sido bien recibida, existe tanta casuística como modelos de negocio. Los pequeños empresarios, con establecimientos modestos y márgenes de beneficio ajustados, como los restaurantes de barrio con menús diarios, señalan que los envases biodegradables destinados a que los clientes puedan llevarse los restos de comida son caros y no siempre adecuados, lo que aumenta costes.
En ese aspecto, la cocinera y activista Ada Parellada, del restaurante Semproniana, afirma. “En el sector de la hostelería, el problema reside en los pequeños restaurantes que no tienen infraestructura para gestionar las medidas. En el ejemplo de los envases, no solo es un coste para el restaurador sino también para el medioambiente porque un táper sostenible es muy caro y no son buenos receptores para según qué comidas, como las que llevan salsas. Nosotros apelamos a los diseñadores para que creen tápers que den buenos resultados y a la industria de envases para que abaraten costes. De este modo, al final no será más barato un táper de plástico que otro que no tenga impacto o que tenga un menor impacto medioambiental”. Y añade, “el próximo paso es que el cliente se traiga su propio táper”.
Otro aspecto peliagudo de la ley es el registro de los residuos. “Como restauradora, las dificultades que tenemos los pequeños empresarios son muy grandes. Siempre intentamos simplificarlo todo para que la gestión diaria no se complique. Así que, cuantificar los residuos supone, por un lado, una presión más para el personal, del que el sector no va sobrado, y por otro, unas instalaciones adecuadas. Hay que tener espacio para poner la báscula e intensificar la selección de residuos. Habrá establecimientos que no tendrán problema, por equipo y espacio, pero a la gran mayoría de restaurantes pequeños les complicará la vida”.
Como activista en campañas y acciones contra el desperdicio alimentario, Parellada afirma estar muy contenta con la ley. “Es una necesidad imperiosa. Con las buenas intenciones e iniciativas de promoción, como Gastrorecup, se avanza pero muy lentamente, así que es necesario una ley. El desperdicio genera un impacto medioambiental de primer orden y es una de las primeras causas del cambio climático. Además, arrastra una devaluación de los valores éticos y morales del ciudadano porque con la mitad de lo que se tira podríamos combatir el hambre mundial. Hemos de recuperar el valor de cada alimento porque detrás de cada uno de ellos hay un productor que se ha dejado la espalda y hay una huella medioambiental que, en un contexto de emergencia climática, no nos podemos permitir”.
En el proceso de concienciación, Ada pone el foco en la Administración y, sobre todo, en el consumidor. “Hasta que no sintamos la presión, no reaccionaremos. Por un lado, la de la administración con su leyes y por otro, la del consumidor con su conciencia. No es mi caso, pero la mayoría del sector no quiere ni oír hablar del tema, por todo lo que hemos comentado. Y la presión más efectiva es la del consumidor. Tiene más poder del que cree. Si el cliente nos mira mal cuando desperdiciamos, cuando ponemos una comida que no ha pedido, si no empaquetamos los restos de su plato para que se lo lleve o si maltratamos los alimentos, reaccionaremos rápidamente. Necesitamos un consumidor totalmente concienciado y una administración que nos vigile”.
En cuanto a ese aspecto preguntamos por su opinión sobre las sanciones: “La sanción es una amenaza efectiva y necesaria si quieres que se aplique la ley. Nadie hace nada que le suponga dinero y esfuerzo, solo por compromiso”. La cocinera concluye: “Hay mucho trabajo por hacer y es necesario que todos seamos cómplices en reducir el desperdicio alimentario”.
Causas del desperdicio alimentario
Las causas del desperdicio alimentario son diversas y heterogéneas. Según lo publicado en el BOE el origen se encontraría en aspectos como la utilización de insumos inadecuados en las actividades de producción; errores en la planificación y calendario de las tareas de cosecha o el empleo de prácticas de producción, recolección y manipulación inapropiadas.
También se apunta a deficiencias en las condiciones de almacenamiento y control de la temperatura para la conservación de productos perecederos o a condiciones inadecuadas y técnicas de comercialización en la etapa de venta minorista.
Otras de las causas que se señalan son las malas prácticas de los proveedores; el comportamiento inapropiado de los consumidores en la compra, preparación y consumo de los alimentos y la falta o insuficiencia de equipos, transporte y capacidad de almacenamiento. Por último, también se destaca una inadecuada organización, coordinación o falta de comunicación entre los agentes de la cadena alimentaria y la infraestructura insuficiente.
* Autores del estudio: Aguilera, E., Piñero, P., Infante Amate, J., González de Molina, M., Lassaletta, L., Sanz Cobeña, A., 2020.
